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La hipocresía de los bárbaros

Los principales fabricantes de bombas de racimo no han respaldado la Convención de Oslo, que quiere impulsar un tratado internacional que prohíba estas armas. Estados Unidos, Rusia, China e Israel las defienden como "opción militar legítima", pero es el arsenal más destructivo de sus ejércitos. Están diseñadas para esparcirse en una superficie similar a cuatro estadios de fútbol. El 98% de los 100.000 muertos que han ocasionado este tipo de bombas en los conflictos armados de todo el planeta eran civiles.
Toda arma indiscriminada es ilegal ante el Derecho Internacional. Los ejércitos aseguran que sus objetivos son combatientes enemigos, vehículos blindados o infraestructuras, pero en la práctica no es posible la discriminación. Al contrario, las bombas de racimo se utilizan con frecuencia cerca de poblaciones civiles, cuando el margen de error de estas bombas se acerca al 30%. La mayoría de las muertes las producen "bombas fallidas". Permanecen activadas durante años y muchas veces estallan cuando las personas se dirigen al trabajo o realizan actividades de la vida cotidiana; destruyen al mínimo contacto, como las minas antipersona. 
Los niños son los más vulnerables. Las bombas de racimo se fabrican con colores y formas llamativos, tanto que parecen juguetes. Su curiosidad natural hace que se acerquen a ellas mientras juegan y corren el peligro de que exploten entre sus manos. Es frecuente que los niños padezcan daños psicológicos graves tras una guerra, como la sensación de miedo e inseguridad permanente y desórdenes diversos. La imposibilidad de acceder a una atención médica agrava la situación.
Existen miles de millones de bombas antipersona almacenadas en todo el mundo. Sólo Estados Unidos posee más de 1.000 millones de unidades. Las fuerzas armadas tendrían que respetar el Derecho Internacional. Una de sus máximas es que los ejércitos deben recurrir a medios proporcionales a los fines que pretenden. En la Guerra de Vietnam, Estados Unidos bombardeó Laos durante diez años con un total de dos millones de toneladas de explosivos; han pasado tres décadas y aún mueren personas por bombas que no habían detonado.
La proliferación de este tipo de armamento es cada día más preocupante. La Guerra de Líbano es un ejemplo reciente. En dos meses el Ejército israelí esparció en el sur del país entre dos y tres millones de bombas; también recurrió a ellas la guerrilla de Hezbolá. Fallaron casi la mitad de los explosivos utilizados, a pesar de que eran de última generación. También lo ha sufrido, y aún lo sigue haciendo, el pueblo iraquí en sus distintos conflictos. Rusia también utiliza estas bombas en su largo conflicto con Chechenia. Las bombas de racimo también han dejado su huella entre la población de países africanos, como Sudán y Sierra Leona.
Las armas biológicas, químicas y nucleares sí tienen regulaciones específicas. Desde 1976 algunos gobiernos piden la prohibición de las bombas de racimo, pero treinta años después aún no existe una normativa eficaz. Cuarenta y nueve países y cien organizaciones humanitarias se han reunido en Oslo para reclamarla, pero algunos de esos países aún cuenta con ese tipo de arsenal. Es el caso de España: su ejército lo mantiene intacto. Es, además, uno de los países que lo producen.
El primer paso para avanzar y lograr un acuerdo internacional es ser coherentes. Hasta ahora, las discusiones se han centrado en cuestiones como la fiabilidad, las posibilidades de mejorar el armamento o las limitaciones en su uso. Los acontecimientos han demostrado que estas medidas son inútiles. Es necesario que los problemas humanos sean el punto de partida porque son la consecuencia de la barbarie militar.
Las potencias que aún rechazan cualquier tratado tendrían que aceptar que no puede ser legal y mucho menos legítima una bomba cuyo principal objetivo es matar de manera indiscriminada. Nunca se sabe donde impactará.
No es cuestión de estrategias, de seguridad ni de paz. Los únicos objetivos son en realidad seres humanos inocentes. Y esa actitud es sólo reflejo de su hipocresía.                 

José A. Fernández Carrasco

 Periodista
ccs@solidarios.org.es