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EEUU elabora el “Plan Colombia II” para su agresión contra Venezuela

Alberto Cruz
Rebelión
La firma del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Colombia, el pasado 27 de febrero, no fue sólo un acuerdo comercial. Es, también, la certificación de que Colombia se refuerza como el principal gendarme de la estrategia estadounidense para América del Sur. Nada más terminar la ceremonia de ratificación del TLC, los ministros de Defensa de ambos países, Donald Rumsfeld y Camilo Ospina, respectivamente, mantuvieron una larga entrevista sobre “seguridad y lucha antiterrorista”. Poco ha transcendido de lo allí hablado, pero en declaraciones a la prensa el ministro colombiano dijo que la reunión “básicamente fue para ratificar las acciones conjuntas en materia de terrorismo y materia de defensa de los dos países” (1). ¿Qué hacían los ministros de Defensa en la negociación de un acuerdo comercial? La respuesta es muy sencilla: negociar la ampliación de los presupuestos del Plan Colombia como herramienta para controlar a los luchadores sociales e, incluso, como plataforma para una futura agresión contra Venezuela.
Ospina hablaba de “materia de defensa” de Colombia. ¿Frente a qué o a quién? Si es frente a la guerrilla, es el reconocimiento más claro de que han fracasado estrepitosamente los planes conocidos como Colombia y Patriota, pese a la parafernalia uribista y el triunfalismo que destilan sus partidarios, especialmente en los medios de comunicación tanto colombianos como internacionales. Si es frente a un enemigo exterior, sólo hay un posible candidato: Venezuela. Aunque hay buenas relaciones en la actualidad, sostenidas principalmente en los intercambios económicos que suponen un montante de 3.200 millones de dólares, ahí están los precedentes del secuestro en territorio venezolano de Rodrigo Granda, miembro de la comisión de relaciones exteriores de las FARC-EP, o la cada vez más habitual incursión de los paramilitares colombianos en territorio venezolano para asesinar a dirigentes populares, principalmente campesinos, en los estados de Táchira, Apure y Zulia. La última acción de este tipo –siempre en connivencia con o al servicio de los terratenientes venezolanos- tuvo lugar en el mes de febrero en Barinas, con la muerte de cuatro campesinos.
Para salir de dudas sobre a lo que se estaba refiriendo el Ministro de Defensa colombiano sólo hay que leer los planes del Departamento de Estado de EEUU para la región andina (2). Para el año 2007, dentro de la denominada “Iniciativa Andina contra las Drogas” (IAD), más conocida como Iniciativa Regional Andina, EEUU plantea un giro radical a los presupuestos con los que, originalmente, se justificó la ayuda a Colombia como “asistencia económica, humanitaria y fortalecimiento de las instituciones”. Era el año 2000 y, gracias al Plan Colombia, el país andino pasó a convertirse en el tercer receptor de la ayuda militar estadounidense a nivel mundial, después de Israel y Egipto. En la actualidad Colombia ocupa el quinto lugar puesto que hay otras dos preocupaciones principales para EEUU: Iraq y Afganistán. La ayuda militar, desde entonces y hasta la actualidad, supone una cantidad cuatro veces mayor que la que se destina a los objetivos teóricos antes mencionados. Para este año 2006 EEUU va a destinar a Colombia 483’5 millones de dólares a través del programa IAD y otros 250 millones en ayuda militar directa. Por si fuese poco, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves 16 de marzo una ayuda adicional de 26 millones de dólares a Colombia para la compra de tres aviones DC-3 por parte de la Armada que se destinarán, supuestamente, a “detectar narcotraficantes en los mares” del país andino, una decisión adoptada nada más producirse las elecciones parlamentarias del 12 de marzo y justificada como “un esfuerzo provechoso [de EEUU] para el gobierno de Álvaro Uribe, nuestro mejor amigo en la región andina” (3).
EEUU da una importancia crucial a los programas de asistencia militar en Colombia. Es un hecho que las Fuerzas Especiales de EEUU están instaladas en el departamento de Arauca, en la frontera con el estado de Apure (Venezuela), con una función que es, oficialmente, apoyar al Ejército y a la Policía colombianas en la protección de la infraestructura del petróleo. Aquí está el yacimiento de Caño Limón, reiteradamente saboteado por la guerrilla, especialmente el ELN. En este departamento han sido entregados al Ejército colombiano diez helicópteros de combate UH-1 Huey y UH-60 Black Hawk. Hay también militares estadounidenses en La Guajira (en la Sierra del Perijá, una de cuyas vertientes pertenece al estado de Zulia, Venezuela). El número oficial de “asesores militares” estadounidenses presentes en Colombia es de 800, además de los contratistas privados cuya cifra se desconoce. Las FARC-EP retienen desde el año 2003 a tres de estos asesores, capturados cuando su avioneta fue derribada por el fuego guerrillero.
Y también es conocido que la ofensiva realizada por el Ejército contra el secretariado de las FARC-EP, conocida como Plan Patriota, se ha saldado con un estruendoso fracaso: ni se ha capturado a los principales dirigentes guerrilleros ni se han producido resultados “sociales” en las zonas afectadas pese al importante costo de una ofensiva que ha implicado a 15.000 soldados colombianos y a varios cientos de “asesores” militares estadounidenses y contratistas privados (mercenarios) de esta nacionalidad. La acción militar sostenida por las FARC-EP en el último año y medio, tras dar por finalizado el “repliegue estratégico”, –escenificada en una importante ofensiva en los departamentos de Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño y Putumayo- pone al descubierto el fracaso de los planes Colombia y Patriota. Este último plan se inició, precisamente, en Putumayo, el otro departamento de Colombia donde existen grandes reservas de crudo.
Tal vez sea poco conocido que después de Venezuela y México, Colombia es el tercer gran exportador de petróleo de América Latina, su exportación supone el 30% del total de las exportaciones colombianas y el principal receptor es Estados Unidos. Además, el petróleo colombiano se asienta en la prolongación de la franja del Orinoco (Venezuela), que también llega, aunque en una pequeña parte, a Ecuador. Y da la casualidad que Putumayo hace frontera con Ecuador.
Plan Colombia 2007, el nuevo Plan Colombia II
En los últimos cinco años Estados Unidos ha destinado al Plan Colombia un montante de 4.729 millones de dólares. A esta cifra hay que sumar la cantidad otorgada a Colombia a través de la IAD, lo que hace un total cercano a los 7.000 millones de dólares. El único resultado que se puede ofrecer de esta ingente cantidad de dinero es el triunfo de las candidaturas uribistas (y sus nada ocultas incrustaciones paramilitares) en las recientes elecciones parlamentarias, pero ni uno solo más: ni en los aspectos de erradicación de droga en aquellas zonas donde se cultiva –EEUU y la ONU se contradicen al respecto (4)- ni, mucho menos, en la lucha antiguerrillera, como ha puesto de manifiesto la reciente ofensiva de las FARC-EP a lo largo y ancho del país. La escenificación más clara de este fracaso es la decisión de EEUU de ofrecer 75 millones de dólares en recompensas para lograr la captura del Secretariado de las FARC-EP por “narcotráfico” y la ratificación, por parte del ministro de Defensa colombiano, de que los miembros de la organización guerrillera que sean detenidos serán enviados a EEUU (5). Es ya la primera muestra de que, con el triunfo de sus partidarios en las elecciones parlamentarias, Uribe está dispuesto a cambiar la Constitución de 1991, limitando las libertades civiles alcanzadas cuando se produjo la desmovilización de una parte de los grupos guerrilleros en 1990, aumentar el papel de los militares en la vida política y plegarse a los designios de EEUU en una nueva muestra más de la entrega de la soberanía de Colombia al imperio.
Para ello contará con el apoyo incondicional de EEUU. Para la Administración Bush, ya no es tan importante la situación interna en Colombia –que creen asegurada con la reelección de Uribe en la presidencia en las elecciones de mayo- como la externa, y se quiere utilizar el nuevo Plan Colombia II como plataforma de agresión a Venezuela. Sería el tercer paso puesto que el primero, “andinizar” la guerra de Colombia (6), ya se ha conseguido al involucrar a Ecuador en el conflicto y el segundo, intensificar la participación directa de EEUU en la guerra, está a punto de convertirse en realidad puesto que la subsecretaria para Asuntos de Narcóticos en América Latina, Anne Patterson, ha dicho que si Colombia lo solicita su país consideraría intervenir en una operación para capturar a 50 miembros de las FARC-EP, incluyendo a todo su Secretariado, puesto que “la guerrilla es ahora nuestro principal blanco” (7).
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, la Administración Bush hizo bandera de la “lucha contra el terror”. Así, al año siguiente, la ayuda militar que se proporcionaba a Colombia supuestamente para la erradicación del narcotráfico, fue ampliada para que se utilizase contra las FARC-EP y el ELN, a quienes se catalogó como “narcoguerrilla” o “narcoterroristas”. También se metió en el mismo saco, pero en un muy segundo plano, a los paramilitares. Ahora, en los planes para el año 2007, se plantea ampliar aún más los conceptos bajo los que se puede utilizar esa ayuda militar: desaparece en término “narcoguerrilla” y se habla sólo de “actividades terroristas”. Obsérvese que se habla de actividades, que no de acciones. Un calificativo en el que, para EEUU, cabe todo, desde un catedrático a quien se le supone una cierta afinidad con determinada organización política –recientemente el FBI ha allanado una universidad estadounidense para interrogar a un profesor de origen venezolano-, hasta una senadora –como la boliviana Leónida Zurita Vargas, a quien se denegó el visado de entrada a EEUU para dar una conferencia en una universidad al ser catalogada como “terrorista”-. Y no digamos lo bien que le viene ese calificativo a Uribe. Por lo tanto, todo el espectro social y popular colombiano que no comulgue con las tesis uribistas será catalogado de esta forma –y así hay que interpretar ciertas intoxicaciones periodísticas en las que involucra a miembros de la Juventud Comunista de Colombia en la columna “Teófilo Forero” de las FARC (8)- para anularle, bien políticamente o bien físicamente. Ahí está el proyecto de Estatuto Antiterrorista diseñado por Uribe y que quedó pendiente de ratificación en el Congreso. Con los resultados actuales, su aprobación será inmediata y augura una nueva etapa de represión para los movimientos sociales y populares colombianos.
Venezuela en el horizonte
Pero hay un elemento aún más preocupante: en el documento del Departamento de Estado se dice que la ayuda militar a Colombia servirá, además, para “enfrentar las amenazas a la seguridad nacional” de este país (9). La pregunta que hay que hacerse es ¿supone ello un reconocimiento expreso de que la guerrilla, especialmente las FARC-EP, ha derrotado los diferentes planes –Colombia, Patriota- militares o, por el contrario, se está diciendo expresamente que la Venezuela Bolivariana supone una amenaza para la seguridad nacional de Colombia? Siguiendo el hilo argumental de los diferentes altos cargos de EEUU en las últimas semanas (Rice, Rumsfeld, Negroponte y el jefe del Comando Sur, Bantz Craddock, entre otros) es fácil deducir que a quien se está refiriendo la Administración Bush es a Venezuela.
Desde EEUU se viene insistiendo desde hace tiempo que Venezuela es un peligro para la región, hay que aislarlo y la Administración Bush no va a consentir que siga “amenazando” a los países latinoamericanos. La campaña se puso en marcha tras la derrota de la oligarquía venezolana y el imperio en el referéndum revocatorio de agosto de 2004 y en ella se utilizan diferentes vectores: desde una prensa intoxicadora hasta la náusea – con el penúltimo episodio, por ahora, de una “información” sobre la creación de una supuesta red chavista en Colombia en la que estaría involucrado el embajador cubano- (10) a unas instituciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (11), sin un ápice de decencia y objetividad llegando a tergiversar los hechos con una propaganda feroz como la desatada por la compra de armas por parte de Venezuela a Rusia y a España, o la más reciente acusación de vínculos “estrechos” con Irán e, incluso, con Corea del Norte. Ahí está, para terminar de aseverar esta amenaza, la inclusión de Venezuela –“está socavando la democracia y tratando de desestabilizar la región”, se dice textualmente- entre los países a tener en cuenta a la hora de un ataque “preventivo” por parte de EEUU, según se recoge en el nuevo documento de Estrategia de Seguridad Nacional presentado públicamente por Bush el 16 de marzo.
Esto pone de manifiesto la determinación de la Administración Bush de poner punto final a la experiencia emancipadora venezolana, para lo que no se escatiman ni medios ni manipulaciones. El Plan Colombia II va a colocar a Venezuela en una tensión permanente y de mayor calado si, como es seguro, vuelve a ganar Chávez las elecciones presidenciales.
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(1) Agencia Púlsar, 1 de marzo de 2006.
(2) Department of State and Other International Programs. Andean Counterdrug Initiative. Pág. 772 y ss.
(3) AFP, 16 de marzo de 2006 y “The Washington Times”, 17 de marzo de 2006.
(4) EEUU dice que “no ceden” las áreas dedicadas al cultivo de droga (“El Tiempo”, 1-03-2006) y la ONU, por su parte, estima que en el año 2005 se produjo una reducción del 7% aunque indica al mismo tiempo que “cerca del 60% de las plantaciones [detectadas] son nuevas” (“Colombia, censo de cultivos de coca”, Oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito, junio 2005).
(5) AFP, 22-03-2006.
(6) “Plan Colombia II: nueva estrategia para derrotar a la guerrilla colombiana”, Rebelión 5-07-2005.
(7) AFP, 23-03-2006 y “El Tiempo”, 25-03-2006.
(8) “El Tiempo”, 5-03-2006.
(9) Department of State and Other Programs. Andean Counterdrug Initiative.
(10) “La estrategia de EEUU contra Venezuela: agresión mediática como sucedió con la Nicaragua sandinista”, Rebelión 25-04-2005, y “¿Embajador o espía?”, Revista “Cambio”, 20-03-2006.
(11) AFP, 17 de marzo de 2006.