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Terrorismo social ante el que es justo rebelarse

 

Durante muchos años se creyó que sólo los trabajadores que habían cotizado a la Seguridad Social tenían derecho a cobrar una pensión al llegar su jubilación. Personas que habían trabajado durante toda su vida sacando adelante a sus familias o trabajando en asistencia doméstica o como modistas o artesanos o en cualquier otro trabajo duro, pero no remunerado con un sueldo fijo y habiendo sido dados de alta por un empleador, ni en sueños podrían aspirar a que la sociedad, por medio del Estado, reconociese su derecho a una pensión digna que les permitiera vivir sin zozobras la última etapa de sus vidas.

Hoy se reconoce el derecho de todo ser humano a esa pensión como una de las conquistas del Estado de bienestar, siendo los otros pilares: el derecho a la educación pública y gratuita, a la asistencia sanitaria a cargo el Estado y, felizmente ya, a la subvención para las personas dependientes. Son conquistas sociales, sin las cuales los derechos políticos y las declaraciones de derechos universales no serían sino quimeras. Porque somos personas tenemos derecho a que la comunidad provea a nuestras necesidades en tiempo de necesidad, sobre todo, en la enfermedad, en la dependencia y en la vejez.

Ninguna de las conquistas sociales, los logros científicos y técnicos han nacido de la nada ni cada generación ha tenido que comenzar de cero. Caminamos a hombros de quienes nos han precedido y, por eso, existe un capital acumulado al que todo ser humano tiene derecho porque existe y no para existir.

Lo que durante siglos perteneció al campo de la utopía hoy se ha convertido, en los países desarrollados y democráticos, en valores concretos reconocidos por las leyes y exigibles ante los tribunales. Nadie en su sana razón los discute. De la misma manera tenemos que abordar otras propuestas que parecen utópicas, esto es “verdades prematuras” para que, a fuerza de comentarlas, estudiarlas y ponderarlas lleguen algún día a convertirse en realidades concretas.

Es el caso de la denominada “renta básica” que es un auténtico principio revolucionario. Es un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de la sociedad, incluso si no trabaja de forma remunerada, con independencia de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva.

A fuerza de hablar de la desigualdad de ingresos y riqueza, nos olvidamos de su acelerado crecimiento, de exponer sus causas y orígenes, sus consecuencias y de refutar las falsas justificaciones ofrecidas por los interesados. Nos solemos olvidar de que la desigualdad hace tiempo que ha rebasado lo social, la ética y lo estéticamente tolerable. La extrema desigualdad nos debe golpear por ser radicalmente injusta e inhumana, ante la cual tenemos no sólo el derecho de resistencia sino el deber de alzarnos como ante cualquier tiranía.

Leemos sin inmutarnos que la mitad de la humanidad, 3.000 millones de personas, vive con menos de 2 dólares al día y, de éstos, 1.300 millones con menos de 1 dólar diario. Esta desigualdad extrema entre ricos y pobres destroza la comunidad, rompe los lazos de fraternidad y desata la codicia de unos pocos mientras provoca la desesperación de muchos que se sienten condenados sin culpa.

Algunos sostienen sin rubor que cada uno tiene lo que se merece y que la buena suerte hay que trabajársela. Esto es falso, nadie ha merecido nacer en el hogar en donde nació ni disponer o carecer de los medios necesarios para su formación y desarrollo. Pero todos nacemos miembros de una sociedad y, aunque falleciesen nuestros padres, esta sociedad es responsable de nosotros, del mismo modo que nosotros lo somos de los demás miembros de la misma. Esta conciencia que se abre camino en el pensamiento alternativo es una de las conquistas de la globalización que nos ha descubierto próximos y, por lo tanto, responsables solidarios unos de otros.

Por eso es urgente no cejar en la lucha contra la desigualdad injusta construyendo entre todos propuestas alternativas graduales a este modelo de desarrollo basado en el sofisma de que “cuánto más, mejor” producto de la falsa premisa de que el objeto esencial de la economía es la mayor productividad posible con el más alto beneficio, caiga quien caiga y tratando a los seres humanos como a recursos destinados a ser explotados en una economía de mercado que nos ha transformado implacablemente en una sociedad de mercado social, en la que nos tratan como a objetos y no como a sujetos libres, dignos y responsables. Es urgente construir alternativas que permitan a la sociedad recuperar el control democrático sobre las decisiones económicas y a las personas recuperar el control sobre sus propias vidas en una existencia que merezca la pena de ser vivida, y no padecida como una condena ante la cual es comprensible rebelarse. Aunque, luchar por el derecho a una vida digna algunos la condenen como un ataque a la sociedad. Como si no fuera el terrorismo social, y no sólo de Estado, la causa de esta desigualdad injusta.

 

 

José Carlos García Fajardo

Profesor de Pensamiento Político y Social (UCM)

Director del CCS

fajardo@ccinf.ucm.es