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12 de Septiembre de 2003

¿Por qué decimos no a la OMC en la Agricultura?
Varios autores *

La quinta cita de la Organización Mundial del comercio (OMC), en esta ocasión, se celebra en Cancún (México). Como viene siendo habitual desde las movilizaciones de Seattle en 1999, que lograron que la ciudadanía y las organizaciones sociales constatáramos la importancia del tema para nuestro futuro, volvemos a presenciar el intento de legitimación de estas convocatorias por parte de la OMC y de los estados participantes mediante fórmulas que presenten el efecto de la liberalización como un beneficio también para los sectores excluidos.

Frente a este discurso, de nuevo oimos los argumentos de los movimientos sociales de todo el mundo que, junto a ONG, sindicatos y otros grupos, demandamos un modelo alternativo de globalización. La presión social y la movilización ciudadana cada vez más firme, profunda e imaginativa está obligando a revisar los mensajes que se lanzan desde la OMC, aunque, como comprobamos, sean sólo lavados de cara que, en absoluto, llegan a asumir las alternativas planteadas.

El discurso oficial en el seno de la OMC propugna con tesón "las enormes posibilidades de la liberalización del comercio internacional para favorecer a los países en desarrollo". Detrás de esta frase se ocultan no pocos elementos cuestionables, pues cada vez que la OMC y los estados presentan este planteamiento acabamos oyendo que el liberalismo absoluto es el único camino para que el comercio beneficie a los pobres del mundo. Se está olvidando que los países están formados por personas, que en los países en desarrollo se repite el mismo esquema injusto de reparto de la riqueza que existe a nivel global y que favorecer a los países en vías de desarrollo no implica, por tanto, mejorar las condiciones de vida de la población excluida.

Las cifras cantan: el 60% de la población mundial vive en el medio rural, más de 840 millones de personas pasan hambre, el 75% de las personas pobres y hambrientas del mundo, según datos de la FAO, viven de la agricultura, de la ganadería, del pastoreo o de la pesca y más de la mitad del PIB de más de un centenar procede de la producción agropecuaria. En este contexto, el comercio y el mercadeo son elementos importantes para las economías, pero no pueden ser la prioridad en todos aquellos países que, ante todo, necesitan asegurar la soberanía alimentaria de sus poblaciones. La prioridad de los estados no puede consistir en aplicar mecanismos para la liberalización del comercio agrario cuando los datos que se desprenden de la propia OMC dicen que sólo el 10% de la producción mundial de alimentos es la que se comercia en los mercados internacionales y que un 74% de la misma está concentrada en sólo 14 países.

En un contexto internacional en el que los precios de los productos básicos siguen bajando y en que los productos más dinámicos en el mercado internacional son: la seda, las bebidas no alcohólicas o los preparados de cereales, una acción política responsable no puede dar prioridad a la promoción de una agricultura exportadora centrada en monocultivos.

Las propuestas de la OMC son, en pocas palabras, desregulación, privatización y liberalización. Asistimos a la imposición de un modelo agrario de producción, cuya receta es la transformación de los sistemas agropecuarios familiares, de orientación comunitaria y autodependientes, a sistemas de producción y distribución comerciales subordinados a las grandes corporaciones. Donde antes se sembraba comida ahora se cultivan flores, cacahuetes o café destinados al consumo en el Norte. La comercialización de la agricultura lleva consigo la concentración de la tierra en manos de empresas privadas y la expulsión del campo de miles de familias que deben buscar su subsistencia en las ciudades o como jornaleros.

Realidades como éstas, llevan a los movimientos campesinos, indígenas y ecologistas a las ONG a reclamar que las cuestiones agrícolas queden excluidas del mandato de la OMC.

Frente a la propuesta política que se propugnará en estos días en Cancún, los movimientos sociales a los que representamos plantean alternativas orientadas a resituar los objetivos y prioridades.

Defendemos el derecho y el deber de los estados de defender, apoyar y promover su propio sector de producción agropecuaria. De ello dependen cuestiones como la soberanía alimentaria, la calidad de vida de la población o el equilibrio territorial y medioambiental. Proponemos un modelo de producción orientado hacia el abastecimiento de los mercados interiores que permita el crecimiento y la transformación de los mismos en productos alimentarios. Este modelo de producción debe garantizar la creación del tejido rural, que cuide el medio ambiente y que sea solidario con los sectores agrarios de otros países. Por todo ello, y porque entendemos que el actual marco de regulación del comercio internacional no permite ningún avance, demandamos que la agricultura y la alimentación salgan de las negociaciones comerciales.

* Paul Nicholson es miembro de Vía Campesina
Fernando Fernández, de Cáritas España
Gustavo Duch es director de Veterinarios Sin Fronteras
Jerónimo Aguado, de Plataforma Rural
Miguel Ángel López es secretario general de la COAG

Centro de Colaboraciones Solidarias