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  03 de Agosto de 2003

Chile-EEUU: La Otra Mirada

Sara Larraín Ruíz Tagle
Chile Sustentable. Chile, 1 de agosto.

Anoche, con poco menos de dos tercios de los votos -en proporción similar a la votación de la Cámara de Representantes- el Senado estadounidense aprobó el Acuerdo de Comercio e Inversiones firmado con Chile. Los 66 votos a favor; 31 en contra y 3 abstenciones ratifican el hecho de que ni el grupo de presión político ni el dinero invertido por las cámaras de comercio de ambos países durante más de 9 años fueron suficientes para lograr una votación clara.

Varias organizaciones ciudadanas chilenas declararon hoy que con la aprobación del TLC entre Chile y Estados Unidos en el Senado estadounidense se cierra una etapa más del largo proceso que se inició en 1994, fecha en que Chile fue invitado a incorporarse al NAFTA durante los gobiernos de los ex presidentes Clinton y Frei.

Sin embargo, ni el fast track, ni las negociaciones con Chile fueron autorizadas durante el gobierno demócrata, ni en el período de mayoría demócrata en el Capitolio. Sólo en 2001, cuando los republicanos lograron mayoría en el congreso y después de los atentados del 11 de septiembre "bajo el eslogan que el libre comercio podría frenar el terrorismo", la aprobación del fast- track en el congreso fue posible… pero con una bajísima votación demócrata: sólo 21 votos.

La aprobación del acuerdo esta semana por ambas cámaras, con menos de 2/3 de los votos a pesar de la intensa presión política y del millonario márketing empresarial realizado para ello (con excepción del sector agrícola), es un importante cambio de tendencia del sector político estadounidense, incluido un creciente número de republicanos, que empieza a contrastar las promesas del libre comercio con las realidades del libre comercio.

Sin embargo, este nivel de debate político sobre los acuerdos de Libre Comercio en Chile ni siquiera ha comenzado. El tratado, que se negoció en inglés, no ha estado disponible en castellano; y el gobierno se ha limitado durante las negociaciones a hacer circular textos sintéticos de promoción del tratado.

El sector político tampoco maneja su contenido, salvo los inconvenientes para la agricultura difundidos por agricultores que representan sectores que se verán gravemente afectados mientras que el débil discurso parlamentario se ha restringido al tema de las bandas del sector agrícola.

Es hora de que nuestros representantes se informen en detalle sobre el acuerdo; asesorándose por un sector más amplio de la ciudadanía y no sólo por las cámaras de comercio.

El acuerdo representa jurídicamente la consolidación e intensificación del actual modelo primario exportador. Una ratificación del congreso chileno sin lograr antes cambios en legislaciones como la de bosque, el código de aguas y el royalty en la minería, entre otros, van a imposibilitar el retorno de éstos, so peligro de enfrentar paneles de disputa por cambio en las reglas del juego; tal como ya ha ocurrido en virtud del acuerdo NAFTA entre Canadá, México y Estados Unidos.

Antes de ratificar el acuerdo, los parlamentarios chilenos deberían exigir al Ejecutivo una evaluación de sustentabilidad del acuerdo tal como se hizo -aunque tardíamente- con la Unión Europea. Esta evaluación de sustentabilidad y el acuerdo mismo debería difundirse en español a todos los sectores ciudadanos y abrir un período de observaciones. Sólo después de democratizar esta información y evaluación podrían pronunciarse en forma democráticamente legítima.

Los parlamentarios chilenos deberían también -siguiendo la experiencia de la debacle del sector agrícola mexicano- dejar la puerta abierta a cláusulas de reforma, que permitan la revisión del acuerdo cada tres años y la realización de los cambios necesarios para revertir los impactos negativos.

Sin estas garantías no hay un acuerdo libre ni conveniente para todos los chilenos. Sólo miremos las dificultades que afronta México en virtud del NAFTA, como consecuencia de acuerdos negociados a puerta cerrada y que impiden cambiar las condiciones.