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  República Democrática del Congo

AI pide a la ONU que adopte medidas urgentes

Amnistía Internacional, octubre del 2002.

En una carta abierta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, pidió que se prestara atención de manera urgente al aumento de violaciones de los derechos humanos en la región de Ituri, al noroeste de la República Democrática del Congo (RDC). El Consejo de Seguridad se reunirá hoy para examinar el nuevo informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC).

En su carta, la señora Khan afirma: "Se han cometido homicidios masivos y violaciones selectivas basados en la identidad étnica. Se han propagado cada vez más los llamamientos extremistas que reclaman ciudades y pueblos étnicamente puros. Los extremistas, que tiempo atrás fueran marginados por los grupos étnicos, ahora se encuentran en posiciones de poder. A la vista de esta intensificación del odio extremista, Amnistía Internacional siente preocupación porque esta instigación deliberada conlleve la posibilidad del genocidio".

El recrudecimiento de los homicidios de naturaleza étnica y los actos de índole extremista en Ituri es tal que la comunidad internacional debe adoptar medidas urgentes. Amnistía Internacional pide en particular al Consejo de Seguridad que incremente el número de observadores en la región con el fin de disuadir de la comisión de agresiones contra civiles y de garantizar su investigación y seguimiento.

Amnistía Internacional apoya firmemente la posibilidad de instaurar y formar a una fuerza policial civil para garantizar la seguridad de las comunidades locales, tal y como sugirió el Representante Especial de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. En concreto, Amnistía Internacional insta al Consejo de Seguridad a que haga cumplir sin reservas el mandato de la MONUC y a que emprenda las acciones necesarias para proteger tanto a la población civil como a su personal.

La organización recibe continuamente informes sobre homicidios a gran escala de civiles desarmados, cometidos, ordenados y aprobados por dirigentes que utilizan su identidad étnica para adquirir o mantener su poder económico y político. Como resultado, los enfrentamientos armados entre miembros de las etnias Hema y Lendu han dejado tras de sí una cifra aproximada de 50.000 muertos desde junio de 1999, en su mayoría civiles, y han obligado a huir a unas 500.000 personas, con 60.000 desplazados solamente en Bunia, capital de la provincia de Ituri.

Además de la creciente violencia contra las comunidades civiles, las continuas divisiones políticas y la violencia por motivos étnicos han repercutido de forma catastrófica en las organizaciones humanitarias internacionales que actúan en la región. Algunas de ellas han sido objeto de amenazas, obstrucción a su trabajo e incluso homicidios deliberados.

Desde 1998, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (Uganda People's Defence Forces, UPDF) han ocupado Ituri, una provincia rica en minerales situada al noreste de la RDC. Miembros de las UPDF han apoyado a los grupos políticos armados rivales, lo que ha permitido que se intensificara la violencia entre los diferentes grupos étnicos del país y al mismo tiempo ha instigado las violaciones generalizadas de los derechos humanos.

Amnistía Internacional cree que desde 1999 miembros de las UPDF han participado en agresiones a civiles desarmados y han cometido atrocidades en el contexto del conflicto armado. En vista de que las UPDF no sólo no han protegido a los civiles desarmados sino que además han participado de forma activa en la violación de derechos humanos, Amnistía Internacional cree que es responsabilidad de la comunidad internacional evitar el empeoramiento de la situación.