Ir a Página de Inicio
 
  LA DISCRIMINACION LEGAL DE LA MUJER
Marta Caravantes
Centro de Colaboraciones Solidarias. España, febrero del 2002.

Desde que la Declaración Universal de Derechos Humanos fuera aprobada en 1948, las organizaciones de mujeres han logrado avances sin precedentes en la historia, tanto en la ruptura de las barreras discriminatorias, como en el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, todavía persisten en muchos países legislaciones que atentan contra las libertades de las mujeres o bien las dejan desprotegidas frente a delitos de agresión o discriminación. En su último informe, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) ha denunciado "la resistencia sistemática de los gobiernos a defender los derechos de las mujeres". Vacíos legales, vigencia de leyes discriminatorias, consentimiento de prácticas religiosas y tradicionales que atentan contra la vida y la salud de las mujeres, son algunos ejemplos de las carencias legislativas que un gran número de estados, muchos de ellos considerados como "democráticos", deben abordar. A las mujeres se les limita por ley la libertad de movimiento, el derecho a la herencia, al divorcio y al trabajo, y se restringe su derecho a la educación. En muchos casos la discriminación es alentada por los propios representantes políticos.

En Bosnia, Perú, Sudáfrica o Rusia, las autoridades consideran las agresiones de violencia doméstica como "delitos menores" por producirse entre compañeros íntimos, cuando la ONU lo ha tipificado como un delito equiparable a la tortura. Muchos sistemas judiciales valoran más "la unidad de la familia" que la protección de las víctimas. Una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sufrido malos tratos, violaciones o golpes por parte de los hombres, y la mayor parte se encuentran con obstáculos insuperables cuando intentan denunciar la agresión. La impunidad contribuye a rebajar y a consolidar el estatus secundario de las mujeres.

En Guatemala, aunque se ha aprobado una ley contra la violencia doméstica, la adopción de una legislación específica contra la discriminación laboral no ha sido una prioridad para el gobierno. Las trabajadoras domésticas guatemaltecas -la mayoría indígenas- no tienen reconocida la jornada de ocho horas o el salario mínimo, y se les niega el derecho a la atención sanitaria de la seguridad social. En Estados Unidos los abusos sexuales contra mujeres detenidas o encarceladas son un grave problema y más de quince estados del país no cuentan con leyes penales que prohíban estos abusos en el ámbito penitenciario. En Marruecos la ley sobre la familia somete la autonomía de las mujeres a la tutela y autoridad masculina. Decenas de miles de mujeres viudas en Ruanda no pudieron volver a sus propiedades después del genocidio cometido en su país pues las leyes tradicionales les prohíben el derecho a la herencia. A las mujeres de Kuwait todavía no se les ha reconocido el derecho al voto.

En Arabia Saudí no pueden conducir, ni viajar al extranjero sin el permiso de un hombre de la familia, y si alguna sale de su casa sola o acompañada por quien no sea su marido puede ser detenida por violar los códigos de morales. En la India los hombres de castas altas abusan sexualmente con toda impunidad de las mujeres de castas inferiores y en Pakistán cada año cientos de mujeres son asesinadas acusadas de deshonrar a su familia sin que la ley castigue a los agresores. A veces incluso cuando las propias mujeres llegan a puestos de responsabilidad política legislan en contra de sus derechos. Ese fue el caso Isilay Saygin, Ministra de la Mujer y Asuntos Familiares de Turquía, que defendió públicamente durante su cargo la costumbre de hacer exámenes de virginidad a las jóvenes.

HRW señala que muchos políticos proclaman en público su apoyo a las mujeres, pero en la práctica implantan políticas que socavan sus derechos. Por ejemplo, quince países que ratificaron la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer han seguido negando a las mujeres la plena ciudadanía. La hipocresía política es muy eficaz en cumbres internacionales donde es importante ofrecer una imagen ficticia de progresismo, mientras en el interior del país se actúa represivamente. Los juegos retóricos y las firmas baldías en los acuerdos internacionales implican que la real apuesta por la defensa de los derechos de las mujeres sea lenta y en muchos casos esté frustrada de antemano.

En el ámbito de la política internacional es muy común utilizar el doble rasero a la hora de condenar o justificar la discriminación de la mujer. Por ejemplo, mientras se satanizaba a los talibanes de Afganistán por las violaciones de los derechos de las mujeres, nada se decía de la situación de esos mismos derechos en Arabia Saudí, aliado de occidente, donde las mujeres sufren la discriminación sistemática en todos los aspectos de su vida. La Unión Europea, que ha aplicado en su seno legislaciones avanzadas y progresistas en materia de género, mantiene sin embargo socios comerciales -como Marruecos y Argelia- que discriminan a las mujeres. Según HRW, la UE no ha utilizado su influencia para presionar a sus socios mediterráneos a que tomen medidas legislativas adecuadas al reconocimiento de los derechos de las mujeres. La discriminación queda en segundo plano si hay intereses económicos por medio. Estados Unidos, que no ha firmado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, prohíbe dentro de sus fronteras lo que consiente a sus multinacionales en el exterior. Si bien trabaja por eliminar las barreras discriminatorias de género en su territorios, se despreocupa de las actividades que sus multinacionales desarrollan en los países pobres y que violan la constitución estadounidense y los derechos laborales fundamentales. Entre las empresas y minoristas de confección estadounidenses que mantienen contratos con maquiladoras discriminatorias en América Latina figuran Target, The Limited, Wal-Mart, GEAR fos Sports, Liz Caliborne y Lee Jeans, aunque todas ellas cuenten con códigos de conducta que prohíban la discriminación.

Incluso los programas de desarrollo impulsados por el Banco Mundial no se ocupan de este ámbito. Como denuncia HRW, "los derechos de la mujer siguen siendo marginados en las transacciones del banco".

Aún queda mucho trayecto para que haya un compromiso internacional real por cambiar las estructuras que sustentan y alientan los abusos de los derechos de la mujer. La adopción de las legislaciones en materia de género es lenta y desigual. Sin embargo, se han logrado -siempre tras años de lucha y reivindicación- importantes avances que resultaban utópicos hace un siglo: el derecho al voto, al trabajo, a la salud, a la educación, derechos sexuales, leyes de paridad, acceso a puestos de responsabilidad política y económica, etc. En algunos países se ha legislado contra la violencia ejercida sobre las mujeres, se ha aumentado la tasa de escolaridad de las niñas, se ha prohibido la mutilación genital y se han reconocido el derecho a la propiedad y a la herencia. Para seguir progresando se necesita más participación social y más voluntad política. Nadie puede sentirse ajeno en la labor de la defensa de los derechos humanos. Exigir a los gobiernos legislaciones justas y equitativas es un buen comienzo.