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La mayor parte de las compras son superfluas

La primera definición que hallamos de la publicidad, datada en 1710, se refiere a ella como el acto de informar acerca de dónde uno puede proveerse de todo lo necesario para vivir. Hoy resulta curioso observar la disonancia de la práctica actual publicitaria con aquel cándido axioma.
La publicidad no informa, persuade. Y desde luego, su propósito no es ya dotar al consumidor de todo lo necesario para vivir, antes bien, la inmensa mayoría de nuestras compras son absolutamente superfluas o innecesarias para la vida. El objetivo principal es vender el producto, fascinar al consumidor para que lo adquiera.
Esta seducción sin embargo no ha de lograrse a cualquier precio. Existen unos principios elementales que toda publicidad debe cumplir: veracidad, justicia e identificación. Cuando se quiebran estas normas esenciales nos adentramos en la publicidad ilícita. Es una publicidad contaminada, proscrita por las leyes, por más que los mercantilistas se afanen en reducir a un único tipo de publicidad desleal.
Existen cinco supuestos claramente diferenciados: la publicidad que atenta a la dignidad de la persona o vulnera los valores y derechos reconocidos en la Constitución; la engañosa; la desleal; la subliminal y la que infringe normas sectoriales específicas (alcohol, tabaco, medicamentos...). De todas ellas, la publicidad engañosa comienza a extenderse con una tolerancia administrativa y judicial que debiera causar honda preocupación a las autoridades responsables de la protección de nuestros legítimos intereses como consumidores.
Por publicidad engañosa debe entenderse aquella que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor. Y también será engañosa conforme a la previsión de nuestro legislador la publicidad que silencia datos fundamentales cuando dicha omisión induzca a error a sus destinatarios.
Esa redacción normativa, que mereció la mayor loa en el año 1984 por parte del movimiento consumerista que tuvo la sensibilidad de establecer una previsión de riesgo o peligro en abstracto porque contemplaba como ilícita no sólo la publicidad que inducía a error en el consumidor sino también aquella susceptible de causarlo, se ve amenazada por los nuevos vientos que soplan de Europa y que en breve se traducirá en la publicación de la nueva Directiva de Prácticas Comerciales Desleales.
Cuando en el Consejo Europeo de Lisboa se acordaba como objetivo estratégico de la Unión lograr la economía más competitiva y dinámica del mundo, los consumidores, que siempre hemos manifestado nuestro apoyo a esta construcción, no podíamos imaginar que ese objetivo se pretendiera alcanzar a nuestra costa, rebajando nuestro nivel de protección hasta límites entonces insospechados.
Así se entenderá por consumidor medio sólo aquél que sea razonablemente atento, perspicaz y normalmente informado. O por influencia indebida en la promoción comercial, la utilización de una posición de poder del empresario para ejercer presión con el único límite de no emplear fuerza física. Y finalmente, a título ilustrativo, solo se considerará que una práctica comercial resulta agresiva cuando se ejerza sobre el consumidor mediante acoso, coacción o influencia indebida de modo que merme de modo importante su libertad de elección.
Si el camino es este, tendremos que plantearnos en esta sociedad de la información, entre spam y MMS, rescatar los viejos aforismos del Derecho Romano antes que construir un mundo tan competitivo para unos pocos y tan desfavorecedor para otros muchos. Velle non intellegitur qui circumvenitur et seducitur (se entiende que no ha querido quien ha sido engañado y seducido).

 

Eugenio Ribón Seisdedos

Asesor Jurídico de CEACCU

ccs@solidarios.org.es